El proyecto de ley que reforma el sistema procesal penal, enviado por el Gobierno al Congreso Nacional, procura concretar cambios y mejoras al sistema judicial y a las instituciones que participan de los procesos, en particular las policías y el Ministerio Público, mediante cuatro ejes: protección y participación de las víctimas, fortalecimiento del trabajo policial, mejoramiento de la persecución penal que realiza la Fiscalía Nacional y perfeccionamiento del sistema procesal.
Los cambios legislativos promueven 36 medidas orientadas a mejorar el funcionamiento, en especial del procedimiento usado en el sitio de un hecho delictivo, que registra deficiencias por extravío y manipulación de la evidencia e inconsistencias en la cadena de custodia. Asimismo, debe mejorar la calidad de la información en el parte policial, que adolece de falta de antecedentes sobre las víctimas y de datos insuficientes respecto de testigos. Ambos aspectos pueden incidir en el éxito o fracaso de una persecución penal.
Se apunta a establecer criterios claros para la intervención de cada policía y mejorar la comunicación entre los fiscales y el órgano policial ejecutor de la investigación. Mejorar los procedimientos requiere que los actores establezcan metas comunes y fijar como indicador el logro de casos «judicialmente resueltos».
Los fiscales de la Región Metropolitana en su Cuenta Pública 2012, plantearon mejoras a la investigación criminal mediante una persecución penal con gestión interna optimizada, fortaleciendo las relaciones interinstitucionales y perfeccionando la atención a víctimas y testigos. Para ello, plantearon mejorar la coordinación con las policías y generar capacitación con jueces, fiscales y otros órganos auxiliares en estas tareas; y enfatizaron el uso del STAD Investigativo, que medirá la eficiencia en el cumplimiento de las órdenes de investigar enviadas por los fiscales a Carabineros y la PDI.
La modernización de la policía civil es un cambio sostenido, que procura disminuir una brecha histórica de recursos y medios para la investigación criminal, así como garantizar las condiciones laborales de los detectives, para lograr un salto cualitativo y un servicio público de excelencia, tal como lo ha expresado el Presidente Sebastián Piñera, al reiterar que: “uno de los objetivos centrales de este Gobierno, desde el primer día, fue combatir con mayor eficacia, mayor determinación y con mayores recursos, a la delincuencia y al narcotráfico”.
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